Martín Aguilar

Comunidades de los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, en Zacatecas, obtuvieron suspensiones provisionales en varios de los amparos promovidos contra la autorización ambiental de la Presa Milpillas, proyecto concebido para abastecer de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo.

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) informó que el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, junto con habitantes de la región, presentó 12 juicios de amparo el 24 de julio pasado, como respuesta a la resolución emitida el 23 de junio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

Dicha autorización avala la construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul, obra concebida para abastecer de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo.

Entre los promoventes de los amparos figuran comunidades agrarias como Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de pobladores —incluidos niñas, niños y adolescentes— de Jiménez del Teul y Sombrerete, así como habitantes de localidades situadas aguas abajo del Río Atenco, entre ellas Las Bocas y Carretas.

Los recursos fueron radicados en los juzgados de Distrito Primero y Segundo del estado, y la organización señaló que varios expedientes ya cuentan con suspensión provisional, entre ellos el 1399/2026-III, 1402/2026-II, 1402/2026-III, 1492/2026, 1493/2026, 1494/2026, 1495/2026 y 1481/2026.

La REMA cuestionó la solidez técnica de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que sustenta la autorización, al señalar vacíos en la determinación de la disponibilidad hídrica de la cuenca y en el cálculo del caudal ecológico que quedaría en el Río Atenco tras la eventual operación de la presa.

La organización también objetó que el estudio hidrológico de referencia abarque el periodo 1955-2017, sin que la metodología para fijar el caudal ecológico haya sido incorporada de forma íntegra al expediente ni puesta a disposición durante la consulta pública. A ello se suman, dijo, imprecisiones en la delimitación del futuro embalse y del Sistema Ambiental Regional, así como un inventario insuficiente de flora y fauna.

Entre otros señalamientos, la REMA apuntó la falta de estudios sociales, antropológicos y psicosociales sobre las comunidades afectadas, discrepancias entre el documento principal de la MIA y sus anexos técnicos, y una evaluación de impactos que —a su juicio— privilegió los efectos directos sobre los acumulativos y de largo plazo en el ecosistema del río.

La organización también cuestionó el desarrollo de la Reunión Pública de Información del proyecto, la cual se realizó en Sombrerete pese a que habitantes del ejido Atotonilco solicitaron que se llevara a cabo en Jiménez del Teul, comunidad que consideran directamente afectada.

La REMA rechazó además declaraciones de funcionarios estatales —entre ellos la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, y el gobernador David Monreal Ávila— que atribuyeron la oposición al proyecto a un grupo reducido o a personas ajenas a la región, e insistió en que el movimiento está integrado por comunidades agrarias de la zona.

Los amparos invocan violaciones a derechos vinculados con el acceso al agua, un medio ambiente sano, la propiedad social, la seguridad jurídica agraria, la participación pública y la autodeterminación comunitaria, con base en la Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Acuerdo de Escazú y la Ley Agraria.}

En contraste, la SAMA afirmó no haber recibido, hasta el domingo, notificación oficial alguna que confirme las suspensiones judiciales difundidas por el movimiento opositor. Rodríguez Márquez sostuvo que el comunicado carece de documentos que acrediten la resolución y descartó que la dependencia esté ocultando información.

La funcionaria precisó que el único procedimiento del que tienen conocimiento es un amparo contra la autorización de la DGIRA que se tramita en la Ciudad de México, sin que el Gobierno estatal sea parte demandada, y subrayó que la obra aún no ha iniciado, por lo que no existe intervención física que suspender.

Rodríguez Márquez también rechazó acusaciones sobre presiones a ejidatarios para respaldar el proyecto y afirmó que las negociaciones de compra de tierras avanzan de manera voluntaria con propietarios particulares, con un progreso cercano al 70% en la adquisición de predios en la zona del vaso de la presa. Reconoció, no obstante, que la oposición del ejido Atotonilco impide aún reunir la totalidad de las superficies necesarias para iniciar el proceso de licitación.

La funcionaria indicó que los recursos federales destinados al proyecto permanecen vigentes y que el Gobierno estatal continuará con los trámites administrativos mientras no exista una resolución judicial oficial que indique lo contrario.

Los procesos de amparo siguen su curso en tribunales federales, por lo que las suspensiones concedidas hasta ahora constituyen medidas provisionales dentro de litigios que continúan abiertos.

Categorías:Nacional