Martín Aguilar

El Poder Judicial de la Federación resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha incumplido su obligación de transparentar y entregar al Archivo General de la Nación (AGN) los documentos militares relacionados con las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la llamada “Guerra Sucia”, y abrió la puerta a la creación de una comisión imparcial que supervise la identificación y transferencia de esa documentación.

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el pasado 6 de agosto el amparo en revisión 43/2025, promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, desaparecida en 1978. Por mayoría de dos votos, las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín concedieron el amparo y reconocieron la necesidad de establecer mecanismos que garanticen que los archivos militares sean efectivamente entregados al AGN.

El tribunal determinó que la Defensa ha sido omisa frente a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Presidencial publicado en febrero de 2019, mediante el cual se ordenó transferir al AGN los archivos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y acciones contra movimientos políticos y sociales en el periodo comprendido entre 1965 y 1990.

El problema, de acuerdo con el comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Artículo 19, organizaciones que acompañan a la demandante, no se limita a que los archivos no hayan sido transferidos en su totalidad.

Durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), investigadores tuvieron acceso a documentación de la Defensa que hasta entonces era desconocida y que contenía información relevante para esclarecer violaciones a derechos humanos y establecer líneas de búsqueda de personas desaparecidas.

Posteriormente, según lo documentado por el propio mecanismo en su informe de octubre de 2023 “Las formas del silencio”, el Ejército obstaculizó la consulta de la información, alteró y ocultó cajas que previamente habían sido identificadas y finalmente negó el acceso a documentación relevante.

Ante esta situación, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por Artículo 19 y el Centro Prodh, promovió en noviembre de 2023 un juicio de amparo para detener la opacidad y garantizar la preservación y consulta de los archivos militares.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el tribunal consideró necesario establecer una Comisión de Transferencia de Archivos imparcial, con participación de integrantes del Archivo General de la Nación, para llevar a cabo la identificación y transferencia de la documentación militar.

La comisión tendría como objetivo garantizar la catalogación, conservación, clasificación y transferencia de los archivos, de manera que el proceso no quede exclusivamente en manos de la propia Defensa, dependencia señalada por haber obstaculizado previamente el acceso a la documentación.

La llamada “Guerra Sucia” fue un periodo de represión política y contrainsurgencia estatal que el mecanismo oficial delimitó entre 1965 y 1990. El propio gobierno reconoció, al instalar la Comisión para la Verdad, que la violencia estatal alcanzó a movimientos armados, pero también a organizaciones sindicales, campesinas, populares, comunidades indígenas, partidos políticos, estudiantes, jóvenes y otras expresiones de disidencia política y social.

Entre las prácticas documentadas están detenciones arbitrarias, prisión política, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, persecución política, vigilancia e inteligencia contra opositores, represión de movimientos sociales, así como utilización de instalaciones militares para detención y operaciones contrainsurgentes.

Las organizaciones que acompañan el litigio consideraron que esta determinación constituye un avance para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la “Guerra Sucia”, pero advirtieron que la implementación del fallo será determinante. La comisión deberá funcionar con transparencia, preservar la integridad de los documentos y garantizar que éstos lleguen efectivamente al AGN.

El caso tiene especial relevancia para cientos de familias que todavía buscan a personas desaparecidas durante el periodo de 1965 a 1990. Para ellas, los archivos militares representan una fuente potencial de información para reconstruir los hechos, conocer el paradero de sus familiares y establecer responsabilidades.

La desaparición forzada tiene una característica que la vuelve particularmente relevante en el tema de los archivos: el Estado puede tener información sobre el destino final de la víctima y, al mismo tiempo, convertirse en el obstáculo para conocerla.

Por eso los archivos militares no son solamente documentos históricos, sino que pueden contener órdenes de operaciones, partes militares, reportes de inteligencia, fichas de personas vigiladas, registros de detenciones, informes de interrogatorios, comunicaciones entre unidades, nombres de mandos, movimientos de tropas, informes sobre operaciones contrainsurgentes, referencias a instalaciones utilizadas para detención e información sobre personas posteriormente desaparecidas.

La resolución del tribunal también coloca nuevamente bajo escrutinio el manejo que el Ejército ha hecho de sus archivos históricos. El comunicado advierte que el cumplimiento de la sentencia dependerá de la voluntad política del Estado mexicano y sostiene que revertir la opacidad de las instituciones castrenses en casos de graves violaciones a derechos humanos continúa siendo una “deuda histórica” con las víctimas y la sociedad.

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