Alberto Moreno
Ciudad de México. — La capital del país mantiene una tendencia descendente en materia delictiva y cerró julio de 2026 con el menor número de homicidios registrado para ese mes durante los últimos 12 años, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al presentar el balance mensual de seguridad.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina sostuvo que las cifras reflejan avances en la estrategia implementada por su administración, al combinar una reducción de delitos con un incremento en detenciones, investigaciones y judicializaciones.
Brugada Molina destacó que la disminución de homicidios representa uno de los principales indicadores para evaluar la política de seguridad, al señalar que detrás de cada reducción existen familias y comunidades que dejan de enfrentar las consecuencias de la violencia.
La jefa de Gobierno también resaltó que las cifras relacionadas con homicidios cuentan con una referencia externa a través de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo que reportó una reducción de 16 por ciento en las defunciones por homicidio en la Ciudad de México entre 2024 y 2025.
Explicó que las diferencias entre los registros de la Fiscalía capitalina y los del INEGI obedecen a que ambas instituciones emplean procedimientos distintos para integrar sus estadísticas. Mientras el instituto utiliza principalmente actas de defunción y registros provenientes del sistema de salud, la Fiscalía contabiliza carpetas de investigación y desarrolla procesos para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes violentas.
De acuerdo con la mandataria, ambas fuentes coinciden en señalar una disminución significativa de los homicidios en la capital, mientras que la existencia de un mayor número de carpetas de investigación frente a las defunciones registradas permite, dijo, reforzar la trazabilidad y verificación de los datos oficiales.
En el caso de los delitos de alto impacto, el balance también muestra una reducción considerable. Entre enero y julio de 2026, estos ilícitos disminuyeron 63 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019 y ocho por ciento respecto de 2025.
La administración capitalina sostiene que esta variación implica que actualmente dejaron de registrarse aproximadamente dos de cada tres delitos de alto impacto que se contabilizaban en 2019.
Desde el comienzo de la actual administración se han detenido 11 mil 594 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Además, las autoridades reportan el aseguramiento de más de dos toneladas de diferentes tipos de droga y más de tres mil armas de fuego, así como la desarticulación de 44 células delictivas.
En el Centro Histórico, donde se mantiene una estrategia específica de seguridad, las autoridades reportaron la detención de 59 personas durante un mes, presuntamente relacionadas con los grupos Unión Tepito y Anti-Unión.
La extorsión también forma parte de las acciones prioritarias. Desde el inicio del gobierno de Brugada Molina, 390 personas han sido detenidas por este delito, mientras que entre enero y julio de 2026 se cumplimentaron 95 órdenes de aprehensión por extorsión.
Esta última cifra representa un incremento de 132 por ciento respecto de 2024, de acuerdo con los datos presentados durante el informe mensual.
Brugada Molina atribuyó los resultados a una estrategia sustentada en ocho líneas de acción que incluyen la atención de las causas de la violencia, coordinación entre instituciones, inteligencia, investigación, fortalecimiento de las corporaciones policiales, recuperación de territorios, policía de proximidad y evaluación permanente de las condiciones de seguridad en las distintas zonas de la ciudad.
La jefa de Gobierno adelantó además que en los próximos días será presentada una nueva estrategia destinada a incrementar la presencia policial en calles, cuadrantes, colonias y sectores de la capital.
El objetivo, afirmó, es mantener la reducción de la incidencia delictiva, fortalecer las investigaciones, disminuir los niveles de impunidad y garantizar mejores condiciones de justicia para la población, bajo una premisa que resume la política de seguridad de su administración: menos delitos, menos impunidad y más justicia.
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