Martín Aguilar
México rebasó por primera vez la cifra de 100 mil personas encarceladas sin una condena firme, de acuerdo con datos oficiales del sistema penitenciario. La prisión preventiva alcanza ya a 102 mil 053 personas, lo que equivale al 40.4% de la población carcelaria del país.
La información proviene del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, documento que registra la situación de los centros de reclusión. Según ese reporte, 4 de cada 10 internos permanecen en prisión preventiva, es decir, privados de la libertad mientras su proceso penal sigue abierto y sin una sentencia definitiva.
De acuerdo con el análisis contenido en ese informe y con organizaciones que dan seguimiento al tema, este incremento se vincula con estrategias de corte punitivo y con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Estas medidas han extendido el uso de la cárcel como respuesta inicial frente a diversas conductas delictivas.
Detrás de las cifras se encuentran personas que, según colectivos y familiares, enfrentan procesos marcados por denuncias de fabricación de pruebas, tortura y violaciones al debido proceso. Diversos casos se han convertido en referencia para ilustrar los efectos de la prisión preventiva prolongada.
Entre ellos se menciona el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes permanecieron 17 años en prisión a la espera de una sentencia por una acusación de homicidio que, según resolvieron posteriormente los tribunales, no se sostuvo. Tras casi dos décadas en esa condición, ambos fueron absueltos.
El asunto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una resolución en la que condenó al Estado mexicano por el uso abusivo de la prisión preventiva oficial en ese caso. Pese a esa sentencia internacional, colectivos y defensores sostienen que prácticas similares continúan presentándose en juzgados y fiscalías del país.
El colectivo “No Más Presos Inocentes“ ha documentado expedientes que, a su juicio, reflejan patrones de irregularidades. Uno de los casos que ha hecho públicos es el de Víctor Hugo Romero Domínguez, actualmente recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, imputado por el delito de feminicidio.
Según la organización y la familia del acusado, Romero fue detenido en enero de 2025 y habría permanecido incomunicado durante cinco días, periodo en el que, afirman, fue trasladado de forma clandestina por distintas fiscalías, superando el límite constitucional de 48 horas para ser puesto a disposición de una autoridad judicial.
Durante ese lapso, de acuerdo con la versión del colectivo, se habrían integrado carpetas adicionales por cohecho y delitos contra la salud, con el objetivo de prolongar la detención. La defensa sostiene que estas actuaciones configuran un “efecto corruptor” en el proceso penal.
Los abogados del imputado también señalan inconsistencias en los dictámenes forenses. De acuerdo con su relato, una primera necropsia practicada el día del fallecimiento de la pareja de Romero concluyó que la causa de muerte fue suicidio. Sin embargo, dos días después se ordenó una segunda necropsia, cuando el cuerpo ya presentaba manipulación y estado de putrefacción.
En esta segunda intervención, el diagnóstico cambió a feminicidio, lo que permitió sustentar la acusación actual. La defensa atribuye este giro a presiones internas en la fiscalía, en las que habrían intervenido colectivos y grupos de choque, según su versión.
Para “No Más Presos Inocentes”, este tipo de expedientes refleja una dinámica en la que las fiscalías priorizan mostrar resultados rápidos, aun con investigaciones que consideran deficientes. La organización sostiene que la urgencia política por cerrar casos puede incentivar el uso extendido de la prisión preventiva y de imputaciones construidas con pruebas cuestionadas.
El boletín retoma además datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi. Según esa fuente, 49% de las personas detenidas reporta haber sufrido violencia física o psicológica al momento del arresto, generalmente para obtener confesiones.
La misma encuesta indica que 64% de los internos depende de defensores públicos, quienes suelen enfrentar una alta carga de trabajo. De acuerdo con los colectivos, esta situación limita la capacidad de defensa técnica y contribuye a que más personas permanezcan en prisión preventiva durante periodos prolongados.
Con estas cifras, México se coloca en un escenario en el que una parte significativa de su población penitenciaria está encarcelada sin sentencia firme, mientras continúan las discusiones sobre el alcance de la prisión preventiva y las condiciones en que se integran las investigaciones penales en el país.
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