Martín Aguilar
La diputada local del PAN, Olivia Garza, hizo un llamado al Gobierno capitalino para integrar a la Fiscalía General de la República (FGR) al Gabinete contra Despojos.
La legisladora panista señaló necesaria la participación federal ante la operación de grupos criminales que las propias autoridades capitalinas han identificado y su participación en la investigación de los casos donde existan indicios de delincuencia organizada.
“Si el Gobierno ya reconoce que hay grupos criminales detrás de algunos despojos, la FGR debe sentarse en la mesa. No podemos investigar estos casos como si se tratara únicamente de pleitos por una propiedad”, sostuvo.
Explicó que entre enero de 2020 y abril de 2026, la Fiscalía local abrió 25 mil 018 carpetas de investigación por despojo, un promedio cercano a 12 denuncias diarias. Sin embargo, durante ese mismo periodo sólo se reportó la detención de 463 personas.
La diputada Garza abundó que en los casos de despojo existen patrones que apuntan a operaciones organizadas como selección de viviendas deshabitadas o habitadas por adultos mayores; ingreso mediante grupos de choque; cambio inmediato de cerraduras; remodelaciones rápidas y obtención de comprobantes de servicios para aparentar la posesión del inmueble.
“Ya sabemos que existen, sabemos cómo operan y sabemos que algunos de estos grupos participan también en otros delitos. Lo que falta es sumar a la autoridad federal para investigar toda la estructura y no solamente el despojo de un inmueble”, enfatizó.
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La panista indicó que en los casos de despojo existen patrones que apuntan a operaciones organizadas: selección de viviendas deshabitadas, intestadas o habitadas por adultos mayores; ingreso mediante grupos de choque.
Después hacen el cambio inmediato de cerraduras, retiro de pertenencias, remodelaciones rápidas y obtención de comprobantes de servicios para aparentar la posesión del inmueble.
La legisladora aclaró que la propuesta no pretende trasladar todos los casos de despojo a la Federación, la intervención de la FGR se plantea sólo cuando la naturaleza del caso y su modus operandi permitan presumir la participación de grupos de delincuencia organizada o cárteles criminales, ya sea mediante la atracción del caso o en coadyuvancia con las autoridades capitalinas.
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