Rebeca Marín

El Ejecutivo envió a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, que sujetará a un criterio de seguridad nacional la aprobación de capital foráneo por un porcentaje mayor a 49 por ciento en sociedades mexicanas.

Para permitir esa evaluación, el proyecto propone fortalecer a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras con la integración de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Dicha entidad deberá revisar las adquisiciones que pretenda realizar el capital foráneo por un porcentaje mayor a 49 por ciento en los sectores energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento y almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa e instalaciones sensibles, así como en tecnologías críticas, como la inteligencia artificial, la robótica y los semiconductores, entre otros.

La reforma plantea que la inclusión de esas autoridades resulta indispensable para impedir adquisiciones extranjeras de sociedades mexicanas que pongan en riesgo la seguridad nacional.

En caso de que la sociedad mexicana transmita, ceda, entregue o transfiera la participación accionaria al inversionista, a pesar de haber recibido la denegación de la autorización de la adquisición por parte de la Comisión, se le impondrán multas de entre 586 mil pesos y 23 millones 62 mil pesos.

La presidenta de la Comisión Permanente y del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que la propuesta presidencial fue turnada a esta cámara.

La ley actual establece que la inversión extranjera pueda participar hasta 49% transporte aéreo nacional, transporte de aerotaxi y transporte aéreo especializado, suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario; así como radiodifusión.

La ley destaca que el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería; comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo son exclusivas sólo a los mexicanos o a las sociedades mexicanas que cuenten con la cláusula de exclusión de extranjeros.

Además, las que son exclusivas del Estado son: exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos en términos del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana; planeación y control del sistema eléctrico nacional, servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y generación de energía nuclear.

Además de minerales radioactivos, telégrafos, radiotelegrafía, correos, correos, emisión de monedas, acuñación de moneda, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.

“La reforma a Ley de Inversiones Extranjera fortalece la Comisión Nacional de Inversiones con la integración de dependencias vinculadas a la seguridad, inteligencia, finanzas y sectores estratégicos”, expuso Pedro Canabal, socio de Baker Tilly en México.

Entre las dependencias que se integrarán están los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y se podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión a aquellas autoridades y personas representantes de los sectores privados y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrá voz, pero no voto.

En las sesiones en las que se vaya a tratar asuntos en materia de seguridad nacional serán invitadas, permanentemente, las personas titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes tendrán vos, pero no voto.

“Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá sesionar en cualquier momento, a convocatoria de la persona titular de la Presidencia, cuando los asuntos así lo requieran”, destacó.

Canabal dijo que se crea un nuevo enfoque en seguridad nacional al crear un mecanismo específico para revisar inversiones extranjeras que puedan tener implicaciones en áreas específicas.

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