Martín Aguilar

El derecho procesal penal es el “termómetro democrático de una nación”, pues es en esta materia donde se desarrolla la labor de equilibrar la persecución legítima del delito con la salvaguarda de los derechos fundamentales, señaló el magistrado Rafael Guerra Álvarez presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX). Lo anterior, en la presentación del libro Tratado de Derecho Procesal Penal, del administrador del Órgano de Administración Judicial (OAJ) local, Víctor Hugo González Rodríguez.

En el marco de las actividades de la Décimo Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico, el magistrado Guerra Álvarez destacó que el valor del derecho procesal penal funge como garante de la justicia y los derechos humanos; por ello resaltó la relevancia de la obra para la comunidad jurídica y la formación de nuevas generaciones de abogadas y abogados. Dijo que:

“Detrás de cada carpeta, de cada audiencia, de cada medida cautelar o de cada sentencia, no hay meros conceptos teóricos; hay rostros humanos, personas, historias de vida, libertades en juego y familias que aguardan con angustia o esperanza el dictado de la ley”. Además, expresó que el derecho procesal penal constituye una de las principales herramientas para garantizar la certeza y la seguridad jurídica de las personas, al tiempo que permite equilibrar el poder legítimo del Estado para perseguir el delito con la protección de los derechos humanos y la presunción de inocencia.

En el Auditorio Benito Juárez, y ante la presencia del presidente magistrado y la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de esta ciudad, Nicolás Jerónimo Alejo e Ixchel Saraí Álzaga Alcántara; así como de las administradoras del OAJ, Sara Alicia Alvarado Avendaño y Reyna Concepción Mince Serrano, el magistrado reconoció la trayectoria académica, jurisdiccional y docente de González Rodríguez, a quien consideró uno de los principales referentes contemporáneos del derecho procesal penal en México.

Por su parte, el autor del tratado González Rodríguez señaló que el procedimiento penal es el mecanismo más civilizado con que la humanidad cuenta para resolver sus conflictos, por lo que conocerlo y aplicarlo desde el respeto a los derechos humanos, fortalece una sociedad democrática comprometida con la construcción de una justicia como la que concebía Aristóteles. Destacó que quienes participan en la procuración y administración de justicia tienen la responsabilidad de mantener vigentes los ideales del Estado de derecho.

La magistrada de la sexta sala penal del TSJ, Anaid Elena Valero Manzano, comentó que la presente obra es esencial para cualquier persona jurista en México, no sólo por la trayectoria del autor como impartidor y administrador de justicia, sino también por su amplia experiencia docente en distintas aulas del país.

El director general del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paul Martín Barba —quien fungió como moderador—, señaló que la obra debe ser entendida desde los temas que integran el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, reconoció el equilibrio entre la dogmática y la propia práctica, por lo que auguró, esta será otro gran acierto de la carrera académica y profesional de González Rodríguez.

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