Martín Aguilar

La ministra Yasmín Esquivel Mossa pidió al Pleno ser declarada impedida para continuar como ponente de uno de los principales expedientes sobre prisión preventiva oficiosa pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionados con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que en 2023 declaró inconvencional su aplicación automática y ordenó a México adecuar su marco jurídico.

La petición prolonga la discusión de fondo, pues el Pleno deberá resolver primero si Esquivel se aparta del asunto y, de ser así, turnar el expediente a otra ponencia para elaborar un nuevo proyecto.

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, cuyo caso originó la sentencia de la CoIDH, acudieron este martes a la SCJN para exigir que el asunto, pendiente desde 2023, no se dilate más y criticaron la actuación del nuevo Pleno. Además, anunciaron acciones ante la Corte Interamericana y Naciones Unidas por el incumplimiento de México que le podrían generar nuevas sanciones internacionales.

“Es un año que nos ha mantenido la nueva SCJN en reserva, la prisión preventiva oficiosa se mantiene ahí guardada. No hay un solo pronunciamiento, ya no digamos de fondo sino por parte de los ministros ponentes. Venimos a hablar con ellos, con sus equipos, y nos refirieron que está el expediente en el archivo. Entonces, ha sido un año perdido”, dijo Daniel García

La ministra Esquivel Mossa tenía a su cargo el amparo directo 5/2025, en el que Daniel García Rodríguez impugna la condena de 35 años de prisión que recibió por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México, delito que sostiene le fue fabricado durante el gobierno de Arturo Montiel. El expediente también plantea los efectos del fallo de la CoIDH en su caso.

García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz fueron detenidos en 2002 por el mismo asesinato, sometidos a arraigo y permanecieron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Su proceso dio origen al caso “García Rodríguez y otro vs. México”, en el que la CoIDH condenó al Estado mexicano.

La decisión de Esquivel se produjo tras un tercer impedimento promovido por ambos, aún pendiente de resolución. Al rendir su informe en julio, la ministra pidió al Pleno apartarla del asunto al considerar que haber expresado previamente una opinión sobre el caso podría poner en riesgo su imparcialidad.

“(Esquivel) solicita que el Tribunal Pleno la declare impedida; en consecuencia, se tiene por rendido el informe al que hace referencia el párrafo primero del artículo 60 de la ley de la materia”, se publicó en listas electrónicas de la Corte.

Los dos intentos anteriores se basaron en declaraciones de Esquivel durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2022, cuando se refirió a García y Alpízar como “estos angelitos” y afirmó que el feminicidio los mantuvo “afortunadamente, en prisión”.

El primero fue desechado en octubre por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, por incumplir requisitos legales y en un segundo recurso, en enero, el Pleno determinó por unanimidad que esas expresiones no comprometían su imparcialidad.

La SCJN también tiene pendiente el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023, en el que deberá determinar cómo debe participar el Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento del fallo de la CoIDH en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”.

El abogado Israel Calva Corro, representante de Daniel García, explicó que promovieron nuevas acciones para solicitar una audiencia pública ante la CoIDH y la intervención del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, con sede en Ginebra

“Le dieron un año al Estado mexicano. Llevamos tres años y cinco meses sin que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana”, dijo el también director de Calva Corro Abogados.

Explicó que México ha incumplido en todas las instancias la sentencia de la Co IDH porque la SCJN suspendió mediante un acuerdo general la interpretación del control de inconvencionalidad respecto a la prisión preventiva.

“Pero no tan sólo en incumplimiento por omisión sino en actuar porque el año pasado se generó el catálogo de prisión preventiva oficiosa”, señaló.

Calva Corro señaló que México podría enfrentar nuevas sanciones internacionales por la omisión.

“Este asunto involucra a todos los mexicanos. Todos estamos expuestos a que en algún momento nos acusen y digan que estamos en ese catálogo, y nos encierren por muchos años… tenemos clientes que llevan 15, 18 años y no hay sentencia”, declaró a este diario.

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