Martín Aguilar

Tras la explosión registrada el pasado viernes en una taquería ubicada en avenida Alta Tensión, colonia Minas de Cristo, la diputada Lizzette Salgado Viramontes lamentó la pérdida de vidas humanas, expresó su solidaridad con las personas lesionadas y exigió un peritaje exhaustivo para esclarecer el origen, las causas y deslindar responsabilidades por el siniestro en la alcaldía Álvaro Obregón.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora del PAN señaló que este hecho evidencia la urgencia de fortalecer las medidas preventivas sobre el manejo de gas LP en comercios, viviendas, tianguis y puestos de comida en la vía pública.

Salgado Viramontes enfatizó que la verdadera labor de protección civil radica en identificar y corregir riesgos antes de que ocurran tragedias. Recordó que, entre enero de 2019 y el primer mes de este año, se registraron casi 4 mil 500 emergencias por fugas de gas LP en la capital del país, lo que demuestra que se trata de un riesgo recurrente y no excepcional.}

“El gas está presente todos los días en viviendas, restaurantes, mercados, tianguis y puestos de comida; es un riesgo que conocemos y que podemos reducir. La pregunta es qué estamos haciendo antes de que ocurra un accidente”, cuestionó la congresista, instando a las autoridades a definir calendarios de revisión, protocolos claros y capacitación obligatoria para los usuarios.

La diputada panista subrayó que la respuesta de las autoridades ante el comercio en vía pública debe centrarse en la orientación, la prevención y la seguridad, sin caer en la persecución de quienes trabajan ni tolerar condiciones peligrosas.

Asimismo, dio cuenta de denuncias presentadas por comerciantes de la alcaldía Álvaro Obregón sobre presuntos cobros irregulares vinculados a la operación del comercio en la demarcación.

Recordó que durante la comparecencia del alcalde Javier López Casarín ante el recinto de Donceles en mayo pasado, se le entregaron 22 casos reportados directamente por los afectados, por lo que exigió transparentar el seguimiento de dichas indagatorias.

“Si existen señalamientos de que servidores públicos utilizan su relación con los comerciantes para presionar o exigir cobros irregulares, hay que investigarlos. Seguridad, tolerancia y corrupción son incompatibles. La prioridad de la autoridad debe ser proteger a las personas, no utilizar sus facultades de manera discrecional”, concluyó.

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