Martín Aguilar

Para que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con alcaldías que tengan gobiernos eficaces, responsables y orientados a resultados, la diputada Nora Arias Contreras propuso una iniciativa para impulsar la formación y profesionalización de las y los titulares de las 16 demarcaciones capitalinas en administración pública.

En la Sesión Ordinaria del Congreso capitalino de este jueves, la Mesa Directiva dio a conocer una propuesta de la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD para modificar el Artículo 22 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Su objetivo es establecer que quienes sean electos titulares de una alcaldía reciban una capacitación obligatoria en dicha materia antes de asumir su cargo.

En su documento, la representante popular argumenta que la ciudadanía no sólo demanda representantes legítimamente electos, sino también autoridades preparadas para responder a los retos en materia de servicios urbanos, obras, participación ciudadana, drenaje, agua, alcantarillado, salud, seguridad, educación, presupuesto participativo, comercio y ordenamiento en la vía pública.

Señala que la democracia se fortalece cuando la voluntad popular se acompaña de instituciones profesionales, fuertes, responsables y capaces, y que por ello es necesario que las personas electas cuenten con herramientas mínimas para desempeñar sus funciones de forma adecuada.

Asimismo, subraya que esta reforma permitiría que las alcaldesas y los alcaldes acrediten conocimientos y nociones básicas en administración pública, lo que contribuirá a fortalecer la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones de los gobiernos locales.

Arias Contreras considera que así se reducirán los riesgos derivados del desconocimiento de los procedimientos administrativos y obligaciones legales; se mejoraría la transición entre administraciones y órganos legislativos, y se promoverán gobiernos más eficientes, transparentes y responsables.

Además, indica, se fortalecería la transparencia y rendición de cuentas; prevendrían actos de corrupción; mejoraría la calidad de las decisiones gubernamentales, y se dignificaría el servicio público.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva, para su dictaminación, a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.

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