El 16 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió la determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027. México aparece en la lista, pero el documento introduce una formulación particularmente sensible: sostiene que las inversiones mexicanas en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar las campañas contra las organizaciones “narcoterroristas”, sus finanzas y sus redes criminales.

Conviene comenzar por una precisión jurídica. México no fue incluido entre los cuatro países -Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia- que, según Washington, “incumplieron de manera demostrable” sus obligaciones internacionales. El documento reconoce también que la inclusión puede obedecer a factores geográficos, comerciales y económicos, incluso cuando un gobierno realiza esfuerzos importantes contra el narcotráfico. Las restricciones a la ayuda se activan propiamente para los países declarados en incumplimiento, conforme a la legislación norteamericana.

Sin embargo, en política internacional, las palabras de una potencia delimitan el campo de lo que después puede exigir. Trump reconoce las incautaciones, la destrucción de laboratorios y el despliegue adicional de fuerzas mexicanas, pero inmediatamente establece una nueva prueba de suficiencia: México deberá invertir más, inspeccionar con mayor intensidad sus puertos y cruces fronterizos, involucrar a empresas privadas en la vigilancia de las cadenas de suministro y perseguir a los servidores públicos que protegen a los cárteles. Estados Unidos se reserva así la potestad de evaluar no sólo los resultados mexicanos, sino también la magnitud y orientación de su presupuesto y posibles mecanismos de financiación, ayuda o cooperación en la materia.

Los Estados no actúan fundamentalmente por amistad, gratitud o afinidad moral, sino conforme a sus intereses y a la correlación de fuerzas. Washington considera que el fentanilo constituye una amenaza para su seguridad nacional y utiliza su poder diplomático, financiero, comercial y militar para trasladar parte creciente de los costos de esa amenaza hacia México.

La exigencia presupuestal tendrá consecuencias. Si el gobierno mexicano acepta el diagnóstico de Trump, deberá aumentar los recursos destinados a inteligencia, aduanas, puertos, fiscalías, fuerzas armadas y persecución financiera. Pero en una hacienda pública sometida a presiones crecientes, cada peso adicional para la seguridad significa un peso que debe obtenerse mediante mayores ingresos, endeudamiento o reasignaciones.

Además, gastar más no equivale necesariamente a construir seguridad. Si los recursos se canalizan sin controles democráticos, indicadores verificables y mecanismos eficaces contra la corrupción, México podría profundizar la militarización sin reducir la capacidad territorial de las organizaciones criminales. Podríamos desplegar más soldados y, simultáneamente, conservar municipios capturados, fiscalías impotentes y mercados ilícitos protegidos políticamente. De este modo, la verdadera suficiencia presupuestal no debe medirse sólo por el volumen del gasto, sino por su capacidad para reconstruir instituciones civiles y romper las redes económicas y gubernamentales que hacen posible al crimen organizado.

La dimensión económica tampoco puede separarse de la seguridad. En 2025, el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos alcanzó aproximadamente 871 mil 600 millones de dólares. Esa integración hace improbable una ruptura total, pero también proporciona a Washington una capacidad extraordinaria de presión. Inspecciones fronterizas más lentas, mayores requisitos de trazabilidad, revisiones extraordinarias a exportadores o la vinculación política entre narcotráfico y comercio pueden elevar costos logísticos, interrumpir cadenas manufactureras y desalentar inversiones.

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