Cdmx, septiembre 28 de 2026.

Pedro Moreno

Este lunes 28 de septiembre se.dio a conocer la detención de Ana Carmen "N", hija de Gerardo Sosa Castelán, exDiputado y exRector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal.

Los primeros informes indican que la joven fue arrestada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Interpol, en el Aeropuerto Internacional de “El Plumerillo”, en la Ciudad de Mendoza, de la region del Cuyo, en Argentina, cuando iba abordar un vuelo a Chile el pasado domingo 27 de agosto.

Ana Carmen "N" contaba con una alerta roja debido a que, desde el año 2020, la Fiscalía General de la República de México emitió una orden de aprehensión en su contra, por presuntamente estar involucrada en el entramado de lavado de dinero encabezado por su padre Gerardo Sosa.

Asi mismo, reportes preliminares indican que, a pesar de que la joven fue trasladada a la Unidad Número 332 del Servicio Penitenciario, su Abogado defensor logró que permanezca en prisión domiciliaria; mientras que su proceso de extradición se encuentra en desarrollo.

No obstante de que se desconoce con exactitud el tiempo que llevaba en Argentina, se cree que su estadía comenzó desde diciembre del año 2020.

La búsqueda internacional de Ana Carmen "N", se originó bajo la causa penal 263/2020, abierta por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

En ese expediente, la Fiscalía General de la República, solicitó órdenes de aprehensión contra Ana Carmen "N" y su hermana Adriana "N", por su presunta participación en la estructura financiera por la que se investiga a su padre Gerardo Sosa Castelán, quien ha mantenido el control político de la UAEH desde finales de la década de 1970.

Actualmente, Gerardo Sosa Castelán se encuentra sujeto a proceso penal en México bajo medidas cautelares que le permiten libertad parcial con vigilancia electrónica, tras haber dejado la prisión preventiva y domiciliaria por su estado de salud, y esta en espera del juicio por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de actos cometidos en contra de la institución educativa.

Desde 2020, el exrector enfrenta una causa penal por delincuencia organizada y lavado de 58.2 millones de pesos en México, junto con su hija Ana Carmen y Adriana, señaladas como presuntas beneficiarias de transferencias desde empresas fachada.

El exdiputado es acusado por presuntamente encabezar una organización que habría drenado fondos de la Universidad Autónoma de Hidalgo mediante empresas fantasma y prestanombres.

El principal móvil para la presunta triangulación fue mediante "Contabilidad del Siglo XXI", una sociedad sin activos ni personal que, según la Fiscalía General de la República, movilizó recursos hacia cuentas de la familia.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó, además, movimientos financieros inusuales por más de 151 millones de dólares, lo que derivó en la congelación de cuentas bancarias y en nuevas denuncias ante la FGR.

Trascendió que entre las cuentas beneficiarias identificadas por la Fiscalía figuran las de Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto.

Igualmente, los registros bancarios citados en la causa detallan 35 transferencias por un millón 192 mil pesos a la cuenta de Adriana entre marzo de 2014 y agosto de 2017; asi como siete transferencias por 806 mil 769 pesos a la cuenta de de Ana Carmen entre marzo de 2014 y marzo de 2018.

Así mismo, Ana Carmen "N" también aparecía vinculada como socia en constructoras relacionadas con su padre, entre las que se encuentra: "La Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo", cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo y excandidato a la Presidencia Municipal de Tulancingo.

En septiembre de 2024, un Juez Federal decretó el sobreseimiento parcial de la causa contra Gerardo Sosa Castelán al considerar que no existían elementos suficientes para sostener parte de la acusación original.

Sin embaego, el exrector continúa a la espera de comparecer ante un Tribunal de Enjuiciamiento, luego de que una serie de recursos legales presentados por su defensa no prosperaron.

En diciembre de 2025, Sosa Castelán sumó un nuevo cargo relacionado con la causa penal 152/2025 que lo señala, junto a otros tres exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Hidalgo, por un presunto peculado de 5.9 millones de pesos en fondos federales que la universidad recibió en 2018 y que habrían sido transferidos de forma irregular a Actinver Casa de Bolsa.

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