Martín Aguilar

El Senado de la República declaró aprobada la reforma constitucional que establece el requisito de nacionalidad mexicana única para ejercer la Presidencia de la República, gobernadores o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La declaratoria se realizó después de que 22 congresos locales aprobaron esta reforma con lo que se alcanzó la mayoría requerida por el artículo 135 de la Constitución para concretar una modificación a la Carta Magna.

Entre las entidades que aprobaron la reforma se encuentran Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Con el cómputo de los votos, el Senado declaró formalmente aprobado el decreto que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, disposiciones relacionadas con los requisitos para ejercer la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

El decreto fue posteriormente remitido a la Cámara de Diputados, donde corresponde realizar la declaratoria respectiva.

La reforma, una vez que concluya el procedimiento constitucional y sea publicada oficialmente, establecerá un nuevo parámetro para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: además de cumplir los demás requisitos previstos en la Constitución, deberán acreditar la nacionalidad mexicana única.

El cambio representa así una modificación directa a las reglas constitucionales de acceso a los máximos cargos del Poder Ejecutivo y abre una nueva etapa en la discusión sobre los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad frente a los requisitos de elegibilidad para ocupar responsabilidades de gobierno.

El ángulo central de la reforma es que la doble nacionalidad dejará de ser compatible con el ejercicio de estos cargos ejecutivos, de acuerdo con el nuevo requisito constitucional. La modificación coloca la condición de nacionalidad única como un elemento para quienes pretendan ocupar las principales posiciones del Poder Ejecutivo federal y de las entidades federativas.

La medida ya había generado debate político en el Senado. Legisladores de oposición expresaron su rechazo al proyecto al considerar que puede afectar los derechos políticos de mexicanos que poseen otra nacionalidad, particularmente quienes emigraron al extranjero y posteriormente adquirieron una segunda ciudadanía. El PAN sostuvo durante la discusión que la reforma representa una restricción a los derechos políticos de los migrantes.

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