La detención de César Jáuregui por presunta traición a la patria plantea una pregunta que el Gobierno de Chihuahua no puede seguir esquivando: si el exfiscal permitió que agentes de la CIA operaran en la Sierra Tarahumara, ¿fue una decisión unilateral o el eslabón visible de una cadena de mando que alguien quiere enterrar bajo el expediente federal? Atribuir todo el peso de la soberanía vulnerada a un solo funcionario es cómodo para el poder, pero institucionalmente insostenible.

Los hechos, hasta ahora, son estos: la FGR acusa a Jáuregui de haber ordenado y coordinado un operativo en abril pasado en El Pinal, Morelos, donde cuatro agentes de la CIA participaron sin autorización federal; dos de ellos murieron en un accidente vehicular junto con dos elementos locales. La imputación federal sostiene que el exfiscal “habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional”. La defensa de Jáuregui responde con una lógica que, paradójicamente, apunta hacia arriba: si la responsabilidad penal deriva del cargo, entonces la gobernadora debería conocer cada acto de su gabinete.

María Eugenia Campos ha intentado deslindarse. Primero negó tener certeza sobre la presencia de estadounidenses; después reconoció que Jáuregui le informó que había ciudadanos norteamericanos involucrados; más tarde defendió que Chihuahua necesitaba “forzosamente” la colaboración de Estados Unidos, y cuando el costo político creció, declaró que el exfiscal y otros funcionarios habían “actuado por la libre”. Ese itinerario discursivo no es un detalle menor: sugiere que el conocimiento de los hechos existió, aunque su alcance jurídico esté por determinarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, “hasta donde yo sé”, no hay pruebas que vinculen directamente a la gobernadora. Es una afirmación prudente, no una exculpación definitiva. La propia mandataria federal reconoció que fue la Fiscalía de Chihuahua —entonces bajo Jáuregui, pero dependiente del Ejecutivo estatal en su diseño institucional y presupuestal— la que hizo la primera imputación contra su exfiscal. Esa contradicción merece explicación: ¿la Fiscalía estatal investigó a su propio titular por iniciativa autónoma, o lo hizo cuando el costo político de no hacerlo se volvió insostenible?

El marco constitucional es claro: la seguridad nacional es facultad exclusiva de la Federación, y la intervención de agentes extranjeros en operativos terrestres requiere autorizaciones que, según la FGR, nunca existieron. Si Jáuregui violentó ese marco, la pregunta obligada es quién más lo sabía. La gobernadora tiene responsabilidad política sobre la conducción del aparato de seguridad de su estado; la responsabilidad penal, en cambio, exige acreditar conducta propia, no inferencias jerárquicas. Pero una cosa no cancela la otra: la política no es un fuero de inmunidad moral.

El costo de no esclarecer la cadena de mando es alto. Si el caso se cierra con una condena individual, el mensaje será que la soberanía puede subcontratar siempre que haya un chivo expiatorio de alto rango. Si, por el contrario, se investiga hasta el final, Chihuahua tendrá la oportunidad de demostrar que la rendición de cuentas no es selectiva. La transparencia exige saber quién autorizó, quién supo y quién calló. Hasta entonces, la sospecha no es una acusación: es el mínimo exigible en una democracia que aún no aprende a mirar hacia arriba cuando la frontera se desdibuja.

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