Rebeca Marin

El aumento temporal de dos años del 5 al 30 por ciento del arancel a la importación de ciertos tipos de papel, incluido el bond, fue declarado constitucional este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La medida, destinada a proteger la industria nacional ante la competencia desleal con productos de China y Brasil, se estableció mediante un decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el 22 de abril de 2024.

Por unanimidad, los ministros negaron el amparo a la importadora Casa de Papelería, que impugnó el incremento tras su primera aplicación, el 30 de abril de 2024, cuando pagó el arancel del 30 por ciento por importar papel bond en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La Corte consideró que el Ejecutivo actuó dentro de sus facultades constitucionales.

La ministra ponente, Lenia Batres Guadarrama, expuso que la Constitución federal y la Ley de Comercio Exterior confieren facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para modificar aranceles y responder de manera expedita a situaciones que afecten la economía nacional o el comercio exterior.

“En este sentido, se afirma que el decreto justifica suficientemente la urgencia de la medida al tener como finalidad proteger a los sectores de la industria nacional frente a prácticas que distorsionan el comercio exterior, fomentar su desarrollo y fortalecer el mercado interno”, dijo.

En tanto, la ministra María Estela Ríos González sostuvo que el Ejecutivo federal tiene facultades “discrecionales” para determinar la urgencia de modificar los aranceles, por lo que “no cabe hacer calificaciones de nuestra parte respecto de lo que es urgente o no”, pues la Constitución únicamente exige que estas medidas tengan como finalidad regular el comercio exterior, requisito que, a su juicio, cumple el decreto impugnado.

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