Martín Aguilar

La bancada del PAN en el Congreso local solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital rendir un informe sobre la aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el fin de conocer sus resultados y las deficiencias en su implementación.

La panista Claudia Pérez detalló que, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Ciudad de México acumula 5 mil 451 personas desaparecidas y no localizadas. También señaló un incremento de 4.83 por ciento entre 2025 y 2026 y afirmó que 18 por ciento de los casos corresponde a niñas, niños y adolescentes de entre cero y 19 años.

Ante este escenario, consideró necesario conocer si las familias reciben información oportuna sobre las investigaciones, si cuentan con acompañamiento adecuado y qué medidas se aplican para proteger su integridad física y emocional durante las labores de búsqueda.

Por lo anterior y a través de un Punto de Acuerdo, la legisladora exigió que las autoridades expliquen cómo garantizan la participación de las familias en los procesos de búsqueda.

La propuesta también busca conocer las fallas institucionales detectadas y las acciones previstas para corregirlas, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las dependencias y mejorar la atención a las víctimas indirectas.

Durante su intervención, Pérez Romero advirtió que la existencia de un protocolo no garantiza, por sí sola, que las personas desaparecidas sean buscadas de manera efectiva.

“No pedimos más burocracia. Pedimos cuentas. Pedimos humanidad”, expresó.

La legisladora también reconoció el trabajo de las madres buscadoras y de las familias que han asumido tareas de búsqueda, recopilación de información y acompañamiento ante la falta de respuestas institucionales; sostuvo que sus experiencias y necesidades deben ser escuchadas e incorporadas en los procesos de atención.

“No venimos a señalar. Venimos a fortalecer”, afirmó Pérez Romero, al insistir en que la rendición de cuentas debe traducirse en acciones concretas para quienes buscan a sus familiares.

El punto de acuerdo no fue aprobado, por lo que se turnó a la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso capitalino para su análisis.

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