Martín Aguilar

El Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) por medio de un posicionamiento dirigido a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, a los medios de comunicación y a la opinión pública, denuncian enérgicamente la privación de la libertad de tres comuneros: ISMAEL MORALES ZÁRATE, ANTONIO DE JESÚS PÉREZ AMAYA y MARTÍN ANTONIO SANTIAGO, de la Comunidad Indígena Zapoteca de San Pedro el Alto, Municipio de Zimatlán, quienes, desde el 13 de octubre de 2026 permanecen en poder de autoridades del Cabildo de Santo Domingo Teojomulco.

Ante estos lamentables hechos se reclama a las autoridades competentes su libertad inmediata. Asimismo, denuncia que despues de 9 dias se exige para su liberacion que, gobierno de San Pedro ceda parte de su territorio, lo que constituye una peticion de “Rescate”, situación que agrava la comisión del Delito convirtiéndolo en Secuestro.

Indica que exigir una concesión territorial a cambio de devolver la libertad a personas retenidas constituye un hecho de extrema gravedad y aporta un elemento central para investigar los hechos como secuestro.

Hace mención que un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca el 17 de octubre de 2026, reconoce que los tres ciudadanos de San Pedro el Alto permanecen retenidos en Santo Domingo Teojomulco; que personal del Gobierno del Estado tuvo contacto con ellos, y que, pese a esto, el Cabildo determinó mantener su Secuestro.

Expone que este pronunciamiento oficial confirma que el Gobierno del Estado tiene conocimiento directo de la situación. Por tanto, se exige que su intervención se traduzca en acciones concretas, eficaces y verificables para garantizar la libertad, la integridad y la seguridad de los retenidos pues, reclamó: “que una autoridad tenga conocimiento del secuestro y haya establecido comunicación con las personas afectadas no significa que la situación esté resuelta”.

Alega el CEN de la UCD que mientras sus compañeros no recuperen su libertad, la emergencia continúa. Al menos, explica que, la propia Secretaría de Gobierno estatal señala que los comuneros manifestaron haber recibido alimentos, y no haber sido agredidos.

Sin embargo, esas circunstancias no equivalen a la recuperación de su libertad ni justifican que continúen secuestrados. ¡La alimentación no sustituye a la libertad y no convierte una retención en voluntaria! ¡El diálogo no legitima que se mantenga privada de su libertad a ninguna persona!

Ante ello, demanda que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas para garantizar la liberación de los tres compañeros, verificar su real estado físico y emocional, protegerlos frente a cualquier riesgo y realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Sin embargo, detalla que, su propio comunicado del gobierno de Oaxaca, confirma que, después de esa intervención, el secuestro continua. Por ello, cuestiona que la respuesta institucional se centre en mantener la interlocución y promover la conciliación, sin que se informe de resultados efectivos que hayan restituido la libertad de sus compañeros.

“La conciliación puede contribuir a la paz, pero no puede utilizarse para normalizar un secuestro”, cuestiona y subraya: “La paz no se construye pidiendo paciencia a quienes padecen una vulneración de sus derechos, sino haciendo cumplir la ley, protegiendo a las personas y evitando que la fuerza se imponga sobre el estado de derecho. Por ello, exigimos:

1. La liberación inmediata de nuestros tres compañeros comuneros.

2. La adopción de medidas eficaces para proteger su vida e integridad.

3. La intervención coordinada de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno.

4. La investigación exhaustiva de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes”.

Demanda que la SEGOB debe informar qué medidas concretas ha promovido, qué autoridades competentes han sido notificadas, qué acciones de protección se han dispuesto y cuáles son los resultados verificables de su intervención. Esto significa una acción real de justicia lo contrario es impunidad para la Delincuencia Organizada que dirige Teojomulco y posible Complicidad.

Alega que, no basta con declarar que la prioridad es la integridad de las personas. Esa prioridad debe reflejarse en actuaciones eficaces que garanticen su liberación y seguridad.

Advierte que, cualquier lesión, agresión, desaparición, afectación a su integridad física o psicológica o atentado contra su vida debe ser investigado de manera inmediata, y exigimos que se determinen las responsabilidades que correspondan a quienes hayan intervenido o incurrido en omisiones jurídicamente relevantes.

“El Gobierno Federal tampoco puede desentenderse de la protección de los derechos humanos; el Gobierno del Estado no puede limitar su actuación a la interlocución política, y las autoridades municipales competentes no pueden permanecer al margen de las acciones que legalmente les correspondan”.

Agrega: “Exigimos coordinación institucional efectiva, medidas de seguridad adecuadas y una respuesta urgente. Ninguna autoridad debe escudarse en la distribución de competencias para justificar la falta de actuación”.

Resalta que la Comunidad de San Pedro el Alto ha defendido su territorio por las vías legales y continuará haciéndolo. Que no buscan la confrontación; exigen justicia, respeto a sus derechos agrarios y protección efectiva para los comuneros.

¡No al secuestro como mecanismo de presión territorial! exige el CEN de la UCD.

Por cierto este miércoles 28 de octubre, llegan 300 comuneros de San Pedro el Alto Municipio de Zimatlán, Oaxaca, para exigir la liberación de sus tres compañeros secuestrados por autoridades de Teojomulco. Se instalarán en la Secretaria de Gobernación, sobre Abraham González 48, Juárez, Cuauhtémoc.

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