Martín Aguilar

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados circuló entre los coordinadores parlamentarios un proyecto de convocatoria para elegir a la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), proceso que, de acuerdo con el documento, estaría reservado exclusivamente para mujeres.

La convocatoría, aun en calidad de proyecto, pero que previsiblemente será aprobada, indica que para encabezar al máximo órgano electoral se debe ser ciudadana mexicana que no adquiera otra nacionalidad, además de encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos.

Se deberá contar con título profesional de nivel licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años y experiencia necesarios para el desempeño de las funciones al frente del pleno del Consejo General del INE.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito alguno también son requisitos.

El proyecto, del que Crónica obtuvo una copia, aún debe ser avalado por las instancias implicadas del Congreso de la Unión.

Tal como queda establecido explícitamente, el proyecto plantea que únicamente puedan participar mujeres mexicanas interesadas en encabezar el organismo electoral.

La persona seleccionada ocuparía la Presidencia del Consejo durante el tiempo que reste del periodo de Taddei, es decir, sin iniciar un nuevo mandato de nueve años años, sino que será una presidencia de seis.

Entre los documentos que las interesadas deberán entregar está la exposición de motivos con una extensión máxima de diez cuartillas y un ensayo inédito de veinte cuartillas, además de una carta en la que se asegure que se cumplen los requisitos constitucionales y legales establecidos en la presente convocatoria.

Igualmente, se pide manifestar abiertamente posibles conflictos de interés, así como de relaciones profesionales, contractuales o de negocios que pudieran resultar relevantes para el desempeño del cargo.

Las fases posteriores para selección final no distan mucho de lo que vimos cuando Guadalupe Taddei fue elegida: Revisión documental y verificación de requisitos constitucionales y legales; una segunda fase de evaluación de conocimientos; una tercera de evaluación curricular y de idoneidad para cerrar con entrevistas.

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