Cdmx, octubre 30 de 2026.

Pedro Moreno

Este viernes 30 de octubre, fue detenida en Miami, Estados Unidos, Ines Gómez Mont, quien se encontraba prófuga de la justicia desde septiembre de 2021, cuando su caso se hizo público.

Actualmente cuenta con una orden de aprehensión formulada por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, por el delito de defraudación fiscal equiparada, librada el 20 de junio de 2023.

Al respecto y a través de redes sociales, la Fiscalía General de la República dio a conocer que derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Trascendio que en marzo de 2025, la Unidad de Iinteligencia Financiera informó que, por resolución judicial, se ordenó retirar a Ines Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en 2025, de la Lista de Personas Bloqueadas y restablecer sus servicios financieros en México, lo que les permitía acceder a sus recursos.

Por su parte, el 30 de septiembre de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Interpol había retirado las fichas rojas de ambos, sin embargo, indicó que el Gobierno de México solicitaría explicaciones y revertiría la decisión.

Cabe mencionar que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionados con un presunto esquema de desvío de recursos públicos, simulación de contratos, uso de empresas factureras y lavado de dinero.

En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, y cinco personas más: Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”, así como contra siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Posteriormente, en un comunicado publicado el 20 de enero de 2022, la Fiscalía General de la República señaló: "Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos".

Según la dependencia, el modo de operar de estas personas consistia enn que celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.

Señalando directamente que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, "que operaban con supuestos representantes de personas morales".

Además, acusan que servidores públicos facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, cuyas acciones ilicitas habrían llevado a celebrar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.

En aquel momento, la FGR dio a conocer que se habían obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes, detallando que: "En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional".

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