Cdmx, octubre 31de.2026.

Pedro Moreno

La Oficina General de Tierras de Texas, encabezada por la comisionada Dawn Buckingham, declaró como propiedad del estado de Texas nueve islas ubicadas en el Río Bravo, que abarcan alrededor de 66 acres, (26.709 hectáreas)

Dicha oficina estatal argumentó que los terrenos cumplen con los estándares de propiedad texana, según su orientación respecto a la línea central del río.

Así mismo, en redes sociales, la dependencia de Texas dio a conocer esa resolución, pero no se especificó de qué islas se trata

Cabe mencionar que México y Texas comparten una frontera de aproximadamente 2,018 kilómetros.

Igualmente, la comisionads Buckingham sostuvo que la medida busca permitir el ingreso del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Departamento Militar de Texas para resguardar el área y evitar que grupos criminales o cárteles utilicen las islas como puntos de apoyo o refugio, ya que supuestamente son utilizadas por grupos de la delincuencia organizada.

Por su parte y en respuesta a las declaraciones de la Oficina General de Tierras de Texas, este viernes 30 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado asegurando que "la frontera internacional no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal".

Al respecto, la SRE precisó que la delimitación en el Río Bravo se rige exclusivamente por el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos, el cual establece que la frontera corre por el centro del cauce normal del río:

"Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras”, agregó la dependencia.

También, el Gobierno de México destacó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas es la única instancia bilateral facultada por ambos países para determinar a qué lado del límite pertenece cada isla, aclarando que ninguna autoridad estatal posee dicha atribución.

De la misma manera, la cancilleria mexicana recordó que el tratado prohíbe la construcción de obras que puedan desviar u obstruir el flujo normal del río sin aval de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), e informó que México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona mediante los mecanismos diplomáticos bilaterales.

Además, la CILA es la instancia facultada por ambos Gobiernos para “aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla”. detalló la SRE.

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