Martín Aguilar

El PRI en la Cámara de Diputados advirtió que más allá de la crisis en el INE, el verdadero impacto es la destrucción de la confianza en el árbitro electoral y el cuestionamiento al funcionamiento de todo el sistema electoral rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos de elección popular.

“Una pandilla de delincuentes estropeó el sistema electoral mexicano y destruyó la confianza que durante décadas construyeron los ciudadanos y los partidos políticos para contar con elecciones confiables”, sostuvo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez

Moreira advirtió r sobre el riesgo que representa el posible acceso de proveedores a los datos personales de millones de mexicanos.

El priista exigió una investigación profunda, auditorías integrales y una depuración de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei.

En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador del PRI sostuvo que el problema va mucho más allá de una relación personal o de una licitación cuestionada, pues los señalamientos sobre proveedores, contratos y presuntas influencias en los nombramientos electorales ponen en entredicho el funcionamiento de todo el sistema.

Recordó que la credencial para votar, el padrón electoral, las urnas transparentes, la tinta indeleble, las boletas foliadas y las actas con medidas de seguridad fueron resultado de décadas de lucha para garantizar elecciones limpias.

Hoy esos avances –agregó-están bajo cuestionamiento por los señalamientos sobre personas y empresas que habrían tenido acceso a información y procedimientos sensibles del Instituto.

“Una pandilla de delincuentes estropearon el sistema electoral mexicano. Porque ya lo escucharon: él hizo las credenciales. ¿Usted le cree al INE ahora?”, expresó

El legislador señaló que la problemática también alcanzó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), donde se han reportado empresas presuntamente relacionadas entre sí que obtuvieron contratos en distintas entidades.

Ejemplificó el caso de Hidalgo, donde dos contratos a favor de la empresa Cajas Graf sumarían cerca de 135 millones de pesos, además de los cuestionamientos sobre la impresión de boletas adicionales.

Ante este panorama, Moreira también exigió revisar y derogar la modificación al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), impulsada mediante una reserva del senador de Morena, Miguel Pavel Jarero, que permitió concentrar en la presidencia del Instituto facultades para realizar nombramientos sin el acuerdo de los demás consejeros.

Sostuvo que la concentración de facultades debilitó los contrapesos y abrió la puerta a decisiones que hoy deben ser investigadas.

Categorías:Nacional