Martín Aguilar

La bancada del PAN en el Congreso local advirtió sobre los riesgos de la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México en Justicia Cívica, que plantea que determinados robos sin violencia, por montos inferiores a casi 6 mil pesos, puedan resolverse ante un juez cívico en lugar de seguir la vía penal correspondiente.

Fue el legislador Diego Garrido quien advirtió que la modificación al artículo 29 quáter de la propuesta podría debilitar la persecución de los delitos patrimoniales y generar condiciones de impunidad, particularmente si los casos se resuelven mediante acuerdos de reparación del daño sin garantizar una investigación adecuada ni la protección de las víctimas.

“¿De verdad Morena considera que robarle casi seis mil pesos a una familia es un asunto menor? Ese dinero puede representar la renta, la despensa, la mercancía de un pequeño negocio o días enteros de trabajo. Robar es robar, y ningún delito debe minimizarse por el monto de lo sustraído”, señaló.

Por lo anterior, Garrido sostuvo que esta medida podría debilitar la respuesta institucional frente a los delitos patrimoniales, particularmente si permite que determinados casos se resuelvan mediante acuerdos de reparación del daño sin garantizar una investigación adecuada ni la protección efectiva de las víctimas.

“Esta reforma no ayuda en nada a la víctima y beneficia a los delincuentes”, aseveró.

El panista también cuestionó cómo se comprobaría que una persona señalada por robo no es reincidente, qué mecanismos impedirían que las víctimas fueran presionadas para aceptar un acuerdo y qué ocurriría si el responsable incumple la devolución de los bienes o la reparación del daño.

El panista advirtió que el llamado robo hormiga y el cometido por farderos afectan a comerciantes, pequeños negocios y familias que dependen de sus ingresos diarios. Añadió que las consecuencias de estos delitos no se limitan a las pérdidas económicas, sino que también pueden generar miedo e inseguridad entre las víctimas, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables.

“Que te asalten a ti, a tu mamá o a tus hijos no es un asunto menor. El miedo y el trauma que deja un delito no desaparecen porque lo robado tenga un valor inferior a determinada cantidad. La autoridad tiene la obligación de proteger a las víctimas y garantizar que los delitos se investiguen”.

Como parte de su discurso, mencionó la Proposición 47 de California como un antecedente que debe analizarse antes de impulsar modificaciones legales de este tipo, ya que de acuerdo con sus resultados, aumentó el robo simple.

Garrido también acusó que la propuesta busca presentar cifras más favorables de incidencia delictiva mediante un cambio en la forma de procesar determinados robos. Afirmó que canalizar un caso por una vía distinta no significa que el delito haya dejado de existir ni que la víctima haya recuperado su patrimonio.

“Quieren esta reforma para maquillar las cifras y decir que bajaron los delitos de robo”, puntualizó.

Finalmente, pidió desechar el artículo planteado y sostuvo que cualquier modificación en materia de justicia debe garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, así como mecanismos efectivos para investigar los delitos y evitar la reincidencia.

“Devolver lo robado o robar poquito no debe convertirse en una salida automática para eludir la justicia. La seguridad y el patrimonio de las familias merecen respeto. En Acción Nacional lo decimos con claridad: robar es robar. Los bienes y el fruto del trabajo de los ciudadanos merecen protección y ese artículo debe de desecharse de la propuesta del gobierno”, concluyó.

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