Rebeca Marín

Legisladores de Morena informaron que no cederán a modificar el artículo que establece un límite a los aumentos de renta vinculado a la inflación —de la Ley de Rentas Justas— incluso cuando cambie el inquilino, ello, al considerar que esta disposición es el eje de la propuesta de dicha ley.

Lo anterior, durante la primera mesa de diálogo sobre la iniciativa y luego de que legisladores de oposición, el Partido Verde y organizaciones agrupadas en el G9 expresaran reservas y plantearan modificaciones a distintos aspectos del proyecto, particularmente sobre la regulación de los precios de los alquileres.

“Ese artículo no se mueve, porque entonces se pierde el espíritu de la ley”, sostuvo el vocero de Morena en el Congreso local, Ángel Tamariz, quien señaló que Morena está dispuesta a revisar otros elementos de la propuesta, como la certeza jurídica, la protección de datos personales, las prórrogas y renovaciones de contratos; así como el registro de arrendamientos y las garantías.

Hay un punto en el que no vamos a ceder, y que es el meollo de la discusión de esta ley”, afirmó Tamariz, al señalar que, si el límite al aumento de las rentas se aplica únicamente durante la vigencia de un contrato, los propietarios podrían elevar el precio sin restricciones cuando llegue un nuevo arrendatario.

El diputado argumentó que mantener el tope también para los nuevos contratos evitaría que las rentas aumenten de manera abrupta con cada cambio de inquilino y que las familias tengan que abandonar sus barrios por no poder cubrir los nuevos precios.

Además, rechazó que la medida perjudique a quienes obtienen ingresos mediante el alquiler de sus propiedades; sostuvo que los aumentos vinculados a la inflación permitirían mantener una actualización de las rentas sin incrementos que consideró desproporcionados.

El presidente de la Comisión de Vivienda, César Emilio Guijosa, señaló que el encarecimiento de los alquileres y la especulación inmobiliaria han provocado el desplazamiento de familias de sus barrios y colonias, además de obligarlas a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de vivienda.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, defendió la iniciativa al considerar que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, así como atender los efectos de la gentrificación.

Las mesas de diálogo continuarán como parte del proceso de discusión de la propuesta, en el que participan distintos sectores para presentar observaciones y planteamientos antes de la elaboración del dictamen.

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