En mayo de 2024, durante el debate organizado por el IECM entre los candidatos a la Alcaldía Iztacalco, María de Lourdes Paz Reyes, de Morena, expresó: “Lo decimos así de claro: en Iztacalco no entrará el cartel inmobiliario. Si no hay agua, no habrá más mega desarrollos de departamentos”.

Fueron viles mentiras, porque a partir del 5 de octubre de ese año que entró en funciones como alcaldesa, la realidad ha sido otra. Le atribuyen el presunto delito de “corrupción inmobiliaria” e incluso ser gestora de constructoras de grandes desarrollos que afectan y van contra la voluntad popular de sus gobernados, que la han acusado penalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Por lo mismo militantes de su partido solicitaron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) un procedimiento sancionador ordinario por “corrupción en perjuicio de vecinos de la Alcaldía Iztacalco”, así como el “favorecimiento a una empresa constructora y la realización de una obra sin contar con los permisos correspondientes”.

Todos los señalamientos en contra de Lourdes Paz constan en una serie de documentos en poder de este reportero: la acusación ante la CNHJ, documentos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, declaraciones patrimoniales de servidores públicos, la denuncia ante la Fiscalía CDMX por parte de colonos afectados, documentos de la Alcaldía de demolición, construcción, revocaciones, amparos.

Se solicitó la versión de la alcaldesa o de algún otro funcionario de la Alcaldía para incluirla en este reportaje, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta de parte de la titular de Comunicación Ciudadana. En el caso de las constructoras Hirish SA de CV y Arayot S.A.P.I. de C.V., ni siquiera fue posible localizarlas, porque ni en internet ni nadie supo dar razón de ellos, aunque seguiremos insistiendo.

Una de las acusaciones que se han presentado es ante la CNHJ de Morena –de la cual tengo copia de la parte sustancial–para solicitar un procedimiento sancionador en contra la alcaldesa María de Lourdes Paz Reyes y otros funcionarios de la Alcaldía: Citlali Elvira Fonseca Guzmán, Rubí Romero Serrano, Oscar Eugenio Gutiérrez Camacho y Karime Sahil Morán Aburto, “por la presunta comisión de actos contrarios a los principios, documentos básicos y normatividad partidaria”.

Quienes firman la acusación dicen ser militantes de Morena y ciudadanos sin partido de las colonias afectadas. Son: María Isabel Alemán Romero, Ismael Medellín Rosas, Silvia Téllez Medina, Amada Sánchez Argüelles, Miguel Ángel Muñoz Valencia, María de los Ángeles Muñoz Valencia, Silvia Chiu Chang, Perla Teresa Jiménez Guzmán, Martha Patricia Rodríguez Lona, María de los Ángeles Cortés García y Mario Alberto Zúñiga Medina.

La CNHJ determinó en primera instancia no sancionar a nadie, bajo el argumento falaz de que ninguno de los denunciantes es militante del partido. O sea que, si se detecta posible corrupción de un integrante de Morena, los ciudadanos que no son de ese partido político no los pueden acusar. Pues no que su consigna es “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La negativa a entrarle al fondo de la acusación fue firmada por los integrantes de dicha CNHJ: Alejandra Arias Medina (presidenta), Iris Mariana Rodríguez Bello (secretaria), Eduardo Ávila Valle (comisionado), José Romualdo Hernández Naranjo (comisionado) y Elizabeth Fores Hernández (comisionada).

Además de la negativa absurda que pareciera defender por línea a Lourdes Paz, hay grupos que “se han dedicado a amedrentar a los vecinos” y a “operar los proyectos de vivienda en la demarcación”, según narran los ciudadanos. Quienes los han intimidado, afirman, tienen nexos con funcionarios de la Alcaldía. Aseveran que son: Ruben López Varojas (coordinador D), vinculado a organizaciones de vivienderos y quien aspira a ser diputado federal; Ricardo González Rodríguez (concejal), de quien dicen ha difundido recorridos y avances de obras de vivienda junto al INVI en Iztacalco. También Adán Yael Saavedra García (director de Desarrollo y Fomento Económico), al que vinculan con la organización Saavedra URI y movilizaciones en favor de proyectos habitacionales en la zona.

Iztacalco sufre dos enormes problemas, que se agravan con la edificación desaforada de viviendas. El primero: se trata de la demarcación más pequeña y por lo tanto la de mayor densidad poblacional, con 17 mil 523 habitantes por kilómetro cuadrado. La media en la capital es la Miguel Hidalgo, con 8 mil 927.

El segundo gran problema: está considerada en nivel de afectación de agua potable en la categoría “media alta”, cuando antes del boom inmobiliario 2012-2018 estaba en el rubro de afectación “media”. También, advierten los vecinos, se ponen en riesgo otros servicios públicos y hasta la seguridad ciudadana.

La historia del hartazgo popular por atentar contra los vecinos de Iztacalco se dio precisamente cuando fueron jefes delegacionales Elizabeth Mateos y su esposo, Carlos Estrada, entre 2012 y 2018 (para fines prácticos, fueron lo mismo), cuando otorgaron 233 registros en la Ventanilla Única para la construcción de 12 mil 448 viviendas y provocaron la construcción desaforada. Algo así como un cartel inmobiliario. De este punto, hoy Morena tampoco se puede desmarcar, porque Mateos es su diputada y además se registró para contender por la candidatura a la Alcaldía.

No le bastaron seis años de saqueo, como nos decía Armando Quintero, su sucesor, quien acusó que esas dos administraciones han estado entre las más corruptas en la historia de Iztacalco. ¿Hoy ya les habrán ganado? En realidad, esos seis años quien gobernaba era Mateos, los tres de ella y los tres de estrada, de quien se sabe siempre andaba en la fiesta.

Durante estos periodos, advierten los vecinos, es posible que hayan sido incluso edificados hasta 14 mil departamentos. No queda claro, porque no hay para el público información oficial fidedigna al respecto.

En esa época, advierten vecinos consultados, hubo una trampa, porque enormes obras se registraban como manifestación tipo B, para eludir la realización de dictámenes de impacto urbano que establezcan medidas de integración urbana, viales, hidráulicas y, en su caso, de regeneración al entorno, protección civil y servicios para su aplicación inmediata. “El efecto del desarrollo inmobiliario sólo se ha traducido en un grave deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Iztacalco”, aseveran.

Lamentan que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano que hicieron Mateos y Estrada cambió la vocación industrial de colonias como Granjas México, Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, y ahora son habitacionales, “sin equilibrio urbano”.

Además de la protesta social, las denuncias penales, los vecinos también han ido por la vía del amparo, y gracias a ello, hasta hoy, han evitado que se continúe una obra en la calle Comunal 50, contra la “Inmobiliaria Quiero Casa”, que era cercana a la administración anterior de la Ciudad de México. Si no fuera por eso, cuentan, ya estaría la obra concluida y padecerían problemas de agua, de tranquilidad y de daños en sus propiedades.

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