Cdmx, noviembre 15 de 2026.
Pedro Moreno
Denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos ilícitos cometidos al interior del Instituto Nacional Electoral, señalan a más de 50 personas involucradas, entre cuyos nombres figuran familiares directos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, así como el contratista del instituto Alfredo Hernández Casillas.
Así mismo, las carpetas de investigación también incluyen a diversas empresas proveedoras dedicadas a la producción de materiales electorales.
Fuentes de la FGR mencionaron que la identidad precisa de las demás personas físicas y empresas señaladas, se mantendrá bajo reserva legal hasta que cada una de las investigaciones sea resuelta conforme a derecho.
Las evidencias se distribuyen en 15 carpetas de investigación, atendidas por tres áreas de la FGR:
*Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
*Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.
*Fiscalía Especializada de Control Regional.
El origen de estas indagatorias se encuentra en seis querellas interpuestas por el Órgano Interno de Control del propio INE, además de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, así como por representantes de los Partidos PRI y PAN, e incluso de ciudadanos particulares.
Con base en los elementos de prueba aportados sobre las personas físicas y morales señaladas, personal de la Fiscalía General de la República realizó diligencias de revisión y aseguramiento de documentos físicos e información digital dentro de instalaciones del INE.
Además, las actuaciones ministeriales se llevaron a cabo específicamente en la Torre Zafiro, sede de las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y en la Secretaría General del INE.
Trascendió que las 15 carpetas continúan en etapa de investigación ministerial. Por lo tanto, las personas físicas y empresas mencionadas mantienen el carácter de señaladas bajo reserva legal, mientras que las Fiscalías Especializadas determinan si existen elementos para judicializar cada expediente.
Hasta que las investigaciones sean resueltas conforme a derecho, la información disponible se limita a las señalizaciones contenidos en las denuncias y a las diligencias realizadas por la FGR.
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