Otro de los mexicanos amparado por el Fallo Avena, será ejecutado en el estado de Texas el próximo 9 de abril. La defensa del sentenciado, de nombre Ramiro Hernández Llamas y de origen tamaulipeco, también pide revisión de su caso y el gobierno de Tamaulipas indicó que brindará, así sea de manera tardía, todo su apoyo.
Hernández Llamas nació en 1969 en Nuevo Laredo. En 1997 se le condenó a pena de muerte por el asesinato del dueño de un rancho en Kerrville, con quien realizaba trabajos de mantenimiento. El pasado martes 21 de enero se fijó la fecha de su ejecución.
El expediente indica que las autoridades encontraron a Ramíro dormido y cubierto de sangre, luego de que asesinara con una varilla metálica a Glen Linch y posteriormente amenazara y violara en repetidas ocasiones a su esposa, Lera Linch. Fue ésta quien testificó los hechos y dijo que Hernández Llamas estaba fuera de sí.
Antes de ser aprehendido en Estados Unidos permaneció en la cárcel en Matamoros, Tamaulipas por homicidio, pero escapó de prisión y cruzó a EU. También se le implica en la muerte de una celadora, delito pendiente de juicio.
El portal Animal Político dio a conocer dos testimonios de sus hermanos, donde describen cómo siempre tuvo problemas para el aprendizaje, sólo llegó hasta cuarto de primaria y no podía separar adecuadamente la basura en el depósito de chatarra donde vivía.
Señalan la dificultad para aprender reglas y la violencia que sufrió de parte de sus padres. Asimismo, una tercera hermana dice no haber detectado actitudes que le indicaran retraso mental de Ramíro, además de haber padecido ella misma violencia infringida por él.
El psicólogo del mexicano informó que ya consumía drogas y que había sido encarcelado en México por su participación en un asesinato, pero escapó de prisión y posteriormente cruzó hacia EU. Los abogados argumentan retraso mental, por lo que ejecutarlo sería una violación al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia conocida como “Fallo Avena” resolvió que Estados Unidos está obligado reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas. Tras la ejecución de Édgar Tamayo este martes, suman tres los mexicanos cuyos casos debieron revisarse.
Gobierno de México y pena de muerte
En entrevista con el periódico regional Hora Cero el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, declaró que el gobierno de Tamaulipas tiene representantes en Estados Unidos en San Antonio, Brownsville, McAllen y en Nuevo Laredo, y a través de ellos se le está dando seguimiento al caso y por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se realizarán las gestiones correspondientes y hasta este momento la familia no ha solicitado ningún tipo de apoyo.
“Entendemos el sistema penitenciario como un sistema de readaptación, de castigo desde luego, y de sancionar a quienes infringen la ley, pero desde luego no estamos de acuerdo con la pena de muerte”, dijo.

FGR

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