POR MARTIN AGUILAR

En el caso de la investigación del caso Tlahuelilpan, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero aclaro que se ha realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

Señaló que este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de PEMEX en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados.

En la investigación, dijo, se ha podido identificar a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

A raíz de esto, se han realizado 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno. Una labor titánica si se conoce un poco la forma de operar del sistema de impartición de justicia en México.

El fiscal también reveló que en el asunto existe todavía un proceso de investigación en contra del personal de Seguridad Física de Pemex quienes eran los encargados de acudir al llamado de emergencia tras la fuga de hidrocarburo, por lo que la FGR tiene indicios de un posible retraso del personal y lo más interesante, una discrepancia “notable” entre los protocolos de la paraestatal frente a una situación como la que se vivió.

Como se recordará, el viernes 18 de enero, a las 14:30 horas, hubo una explosión de un gasoducto que transportaba combustible en la ciudad de Tlahuelilpan, Hidalgo y que dejó un saldo inicial de 73 muertos y 74 heridos. Posteriormente, la cifra de muertes se ha elevado a 135 debido a la gravedad de las quemaduras de los lesionados.

Por lo que las autoridades culparon a los huachicoleros, que perforaron ilegalmente en la tubería. La explosión fue particularmente mortal porque una gran multitud de personas estaban presentes en la escena para obtener combustible. Las fuerzas de seguridad trataron de persuadir a las personas para que se alejaran de la escena, pero fueron superadas en número y prefirieron no actuar contra los civiles por temor a causar una confrontación violenta, ya que por la fuga se notificó a las 17:04 horas y explotó a las 19:10 horas y se tardó más de cuatro horas en apagar la explosión.

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