POR MARTIN AGUILAR

Con base en dictámenes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, el actual, Fiscal, Alejandro Gertz Manero, afirmó que en octubre de 2015, se acumularon 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido 5 vinculaciones a proceso y se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.

Bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018, la　entonces PGR　inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso, ya que　en una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.

Actualmente la Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, que no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros.

Por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público o del Estado, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados.

De acuerdo a las investigaciones, se determinó la participación de 11 dependencias del gobierno, las cuales otorgaron 186 contratos ilegales a empresas, identificadas algunas como fantasmas, a través de universidades públicas que se encargaron de la subcontratación de servicios y también se pudo identificar la participación de la Universidad del Estado de México.

Agregó que una investigación de ese tipo implica que se explique toda la estructura y forma de operar de quienes desviaron los recursos públicos desde las secretarias de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, además de universidades públicas.

Como se recuerda, el 5 de septiembre de 2017, Mexicanos contra la corrupción dio a conocer una investigación que desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno y que a la fecha no ha habido responsables detenidos.

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