Rebeca Marín

El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados, la minuta de reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión.

La iniciativa fue turnada el miércoles 10 de septiembre a las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, donde será analizada antes de pasar al pleno.

El objetivo es homologar a nivel nacional el tipo penal de extorsión, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, con el fin de cerrar vacíos legales que dificultan la persecución de este crimen

El proyecto se justifica con el impacto creciente de la extorsión en la vida económica y social. Datos oficiales indican que en 2023 el costo total por inseguridad y delitos a unidades económicas ascendió a 124 mil 300 millones de pesos, equivalente al 0.51 por ciento del PIB.

De los 1.3 millones de establecimientos víctimas de algún delito ese año —es decir, el 27.2 por ciento de las unidades económicas del país— la extorsión fue el ilícito más frecuente, con una tasa de prevalencia de mil 562 por cada 10 mil unidades económicas.

De acuerdo con el documento, esta práctica delictiva no solo afecta a las familias y a los comercios, sino que también ha mostrado una constante evolución en sus formas de operación, desde el “cobro de piso” hasta modalidades digitales.

La minuta también busca alinearse con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que plantea coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar y atender de manera efectiva a víctimas y testigos de extorsión. Para ello, se prevé que una futura ley general desarrolle políticas públicas específicas y mecanismos de colaboración interinstitucional.

Con esta reforma, el Congreso daría un paso para combatir uno de los delitos que más vulnera la confianza ciudadana y obstaculiza la actividad económica en el país.

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