Rebeca Marín

Enid Álvarez Soberanis, quien durante 12 años encabezó el Departamento de Comunicación Social y el Centro Multimedia de Educación Médica por Satélite y Telemedicina (CEMESATEL) del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), denunció haber sido separada de sus funciones después de presentar diversas denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades administrativas.

En conferencia de prensa, Enid Álvarez informó que, el pasado 15 de julio, el mismo día en que presentó una ampliación de su denuncia, la directora de Enseñanza y Desarrollo Académico, Claudia Gutiérrez Camacho, le solicitó su renuncia bajo el argumento de “pérdida de confianza”. Señaló que rechazó firmar el documento y pidió conocer las razones específicas de esa decisión.

Narró que, al día siguiente se le impidió el acceso al Hospital y el 17 de julio fue retirada por personal de seguridad cuando acudió a entregar una copia de su denuncia al Órgano Interno de Control.

Álvarez Soberanis pidió que las autoridades determinen si su separación constituye una represalia por haber presentado las denuncias, ya que, señaló, la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno había emitido medidas de protección para el personal denunciante del Hospital.

De acuerdo con la información proporcionada, dichas medidas fueron dictadas el 22 de junio y notificadas al HIMFG el 25 de junio, con el propósito de preservar las condiciones laborales del personal e impedir ceses, separaciones o remociones injustificadas mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

La denunciante sostuvo que el origen del conflicto se relaciona con la falta de formalización de contratos para el personal especializado que realizaba actividades académicas, audiovisuales y de comunicación institucional.

Indicó que durante los primeros tres meses de 2026 ese personal laboró sin contratos vigentes y enfrentó retrasos de hasta dos meses en el pago de honorarios, pese a continuar con las transmisiones, la producción audiovisual y otras actividades institucionales.

Asimismo, explicó que antes de su fallecimiento, ocurrido el 28 de mayo, el entonces director general del HIMFG, Adrián Chávez López, había acordado cubrir esos honorarios con recursos de un fondo de la Dirección General. Sin embargo, tras el nombramiento de Miriam Herrera Segura como encargada del despacho, aseguró que las gestiones realizadas entre el 8 y el 25 de junio para formalizar los contratos no prosperaron.

Ante la falta de certeza laboral, añadió, el personal dejó de prestar sus servicios a partir del 1 de julio, lo que derivó en la suspensión de diversas actividades del Departamento.

Entre los hechos denunciados, Álvarez Soberanis señaló que el 8 de julio la Sesión Clínico-Patológica del Hospital fue transmitida con personal y equipo ajeno al CEMESATEL.

Ese mismo día presentó la primera parte de su denuncia, en la que solicitó investigar el origen de los recursos utilizados, la sustitución del equipo institucional, el posible incumplimiento de manuales y procedimientos, así como la eventual existencia de conflictos de interés. Subrayó que corresponderá a las autoridades determinar si existieron irregularidades.

La exfuncionaria afirmó además que la solución implementada para esa transmisión no cubre las múltiples responsabilidades que desempeñaba el Departamento, entre ellas la organización de cursos, congresos, conferencias, producción audiovisual, campañas internas, fotografía institucional, diseño gráfico, administración de redes sociales, página web e intranet.

Álvarez Soberanis sostuvo que el CEMESATEL representa una capacidad institucional construida durante más de una década con recursos públicos.

Explicó que en 2017 el Hospital sustituyó un servicio externo de producción audiovisual, cuyo costo anual ascendía a aproximadamente 1.7 millones de pesos y podía incrementarse hasta cerca de cinco millones, mediante la adquisición de equipo propio, la capacitación de personal y la contratación de especialistas.

Según los datos proporcionados por la denunciante, esa estrategia permitió aumentar las transmisiones en vivo de 16 horas mensuales realizadas por una empresa externa a cerca de 220 horas mensuales durante 2023. Asimismo, indicó que la producción audiovisual pasó de un video anual a 126 piezas por año con procesos integrales de producción.

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