Alberto Moreno

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y posean una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

La propuesta busca establecer con mayor claridad que quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales tengan únicamente la nacionalidad mexicana al momento de formalizar su candidatura, bajo el argumento de que el interés nacional y la soberanía del país deben prevalecer sobre cualquier vínculo jurídico con otro Estado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que actualmente existen disposiciones constitucionales relacionadas con la nacionalidad de quienes pueden ocupar estos cargos, pero consideró que persiste una zona de interpretación respecto a la obligación de renunciar a una segunda nacionalidad antes de contender electoralmente.

La iniciativa plantea modificar el artículo 82 de la Constitución para establecer que las personas aspirantes a la Presidencia deberán ser mexicanas por nacimiento, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro. En caso de tenerla, tendrían que renunciar previamente a ella.

El proyecto también contempla que quien llegue a ejercer la Presidencia no pueda adquirir o solicitar posteriormente otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad diferente a la mexicana.

La propuesta establece además restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la posibilidad de solicitar protección diplomática de otro país.

Sheinbaum sostuvo que el planteamiento busca reforzar la certeza jurídica frente a posibles actos de injerencia y garantizar que quienes ocupen las principales posiciones de gobierno mantengan como prioridad exclusiva los intereses de México.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen requisitos de nacionalidad mexicana por nacimiento para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, señaló que el artículo 32 constitucional establece una reserva para determinados cargos a quienes sean mexicanos por nacimiento y no adquieran otra nacionalidad, disposición que, desde la perspectiva del Ejecutivo Federal, ha generado distintas interpretaciones sobre el momento y la forma en que debe acreditarse la renuncia a una segunda nacionalidad.

La reforma también contempla modificaciones a los artículos 116 y 122 para incorporar disposiciones similares aplicables a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno capitalina.

Entre los requisitos que actualmente establece la Constitución para ocupar la Presidencia se encuentran ser ciudadano mexicano por nacimiento, contar con al menos 35 años al momento de la elección, haber residido en el país durante el año previo a los comicios y cumplir con las restricciones establecidas respecto a cargos religiosos, servicio activo en las Fuerzas Armadas y determinados vínculos familiares con quien ejerza la Presidencia.

El proyecto plantea además mantener el requisito de residencia en territorio nacional, aunque propone elevar el periodo general de residencia señalado en el artículo 82 a 20 años.

Alcalde Luján adelantó que, una vez que la reforma constitucional sea aprobada, también se impulsarán modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer los procedimientos mediante los cuales una persona con doble nacionalidad deberá formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y, en su caso, ante las instituciones del país donde también tenga la ciudadanía.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para iniciar el proceso legislativo correspondiente, por lo que sus disposiciones todavía deberán ser discutidas y, en su caso, aprobadas conforme al procedimiento constitucional.

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