Rebeca Marín

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, presentó una iniciativa para incorporar la figura del Testigo Social a los procesos de contratación relacionados con proyectos de infraestructura estratégica, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos públicos.

Desde tribuna, la legisladora señaló que la propuesta busca que el escrutinio ciudadano participe desde las etapas de contratación y contribuya a prevenir posibles irregularidades, favorecer condiciones de competencia y fortalecer la rendición de cuentas.

“Con esta iniciativa buscamos tres objetivos concretos: prevenir irregularidades desde la contratación, fortalecer la competencia en igualdad de condiciones y fortalecer la rendición de cuentas”, sostuvo.

Jiménez Godoy explicó que los Testigos Sociales podrían participar en los procedimientos de contratación, documentar sus observaciones y aportar elementos para revisar los procesos e identificar posibles áreas de mejora.

La diputada recordó que esta figura ya está contemplada en la legislación federal de contrataciones públicas y que, para obtener la acreditación, se deben cumplir requisitos como contar con formación, especialidad y experiencia; participar en cursos de capacitación; presentar declaración fiscal y de no conflicto de interés, además de no ser persona servidora pública en activo.

Actualmente, los Testigos Sociales participan en determinadas licitaciones de obras públicas cuyo monto rebasa el equivalente a 23 millones de veces el valor diario de la UMA, así como en otros procedimientos que determine la autoridad competente.

La iniciativa busca trasladar este mecanismo de participación ciudadana a los proyectos de infraestructura estratégica, como complemento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, aprobada por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la legisladora, esta legislación establece mecanismos para la inversión en proyectos de infraestructura pública estratégica bajo los principios establecidos en los artículos 25 y 134 de la Constitución.

“El dinero del pueblo se respeta, y respetarlo significa que la ciudadanía pueda vigilar cómo se decide, a quién se contrata y en qué se invierte”, afirmó.

Jiménez Godoy sostuvo que incorporar la vigilancia social a estos procedimientos permitiría fortalecer la transparencia y generar mecanismos de supervisión sobre las decisiones relacionadas con los recursos destinados a infraestructura estratégica.

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